A vueltas con la
reclasificación de las IIC

A vueltas con la
reclasificación de las IIC

Por Gloria Hernández Aler, Socia finReg360  |  Fotografía: Istock

De nuevo una disposición transitoria crea incertidumbre en la industria de las instituciones de inversión colectiva (IIC). Es la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.

Esta disposición establece que las reclasificaciones de las participaciones o acciones entre IIC, o entre sus compartimentos, clases o series, realizadas entre el 3-1-2018 y el 17-4-2019 (fin de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del real decreto ley citado), cuyo único objeto sea que el inversor deje de soportar incentivos, podrán realizarse automáticamente sin necesidad de su consentimiento. Además, estas reclasificaciones no generarán rentas para el partícipe o accionista a efectos del IRPF, del IS y del Impuesto sobre la Renta de no residentes, y las nuevas participaciones o acciones asignadas conservarán el valor y la fecha de adquisición que tuvieran aquellas a las que sustituyen.

MiFID II establecía la prohibición total de recibir incentivos en dos servicios: la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento independiente. Por eso, muchas entidades, para cumplir con MiFID II en enero de 2018, ya acometieron este proceso de reclasificación durante 2017.

Las entidades pedían entonces alguna disposición transitoria para que esta «limpia» pudiera hacerse sin consentimiento del cliente y sin coste fiscal. INVERCO lo solicitó varias veces y solo vio atendida su petición a finales de 2018, con el Real Decreto Ley 27/2018.

Hasta la publicación de esta norma —casi un año después de la fecha en que las carteras ya tenían que estar «limpias»— la posición de la CNMV era clara: no cabía aplicar transitoria alguna y al 3 de enero de 2018 quedaban prohibidos los incentivos en las carteras gestionadas. Es más, a la pregunta 3.7 de su documento de Q&A sobre este asunto contesta: «La CNMV considera que los gestores de cartera no podrán seguir recibiendo y reteniendo incentivos de terceros por posiciones que provengan de operaciones realizadas con anterioridad al 3 de enero de 2018. En relación con esta cuestión conviene señalar que no existe en MIFID II ninguna cláusula transitoria a este respecto».

Por ello, la disposición transitoria que comentamos genera varias dudas:

La primera es qué ocurre con las entidades que reclasificaron antes del periodo fijado en la disposición para cumplir fielmente con MiFID II. Si la disposición permite que se beneficien las que lo hicieran entre el 3-1-2018 y 17-4-2019, ¿qué ocurre con las que siguieron las indicaciones de la CNMV y reclasificaron diligentemente en 2017, que la disposición ha olvidado?

La segunda es si se aplica solo a las reclasificaciones en el marco de los servicios de gestión de carteras y asesoramiento independiente o también de otros como el asesoramiento no independiente o la recepción y transmisión de órdenes. La CNMV ha consultado a Tributos y habrá que esperar la respuesta de este organismo.

La tercera es que la aplicación retroactiva de la transitoria plantea problemas operativos. Las reclasificaciones no generan efectos fiscales para los partícipes o accionistas personas físicas, pero sí para las jurídicas y para los no residentes. No está claro cómo proceder cuando se aplicó la retención procedente en su momento al partícipe y cómo se rastrean esas operaciones y si hay que solicitar la rectificación de la declaración de retenciones, o si el inversor recupera el pago a cuenta en su declaración anual del impuesto.

La cuarta y última es el alcance de la transitoria: ¿busca que se «limpien» de incentivos las carteras gestionadas y asesoradas de forma independiente, o va más allá? Entendemos que esta medida pretende facilitar que las entidades reclasifiquen IIC para que se «limpien de incentivos» los servicios en los que estos están prohibidos desde enero de 2018, y no persigue buscar IIC similares (o con vocación inversora equivalente o similar) más baratas o con menor comisión de gestión. Sin perjuicio de que no sea su finalidad, sí se podría voluntariamente realizar esta actividad al amparo de la transitoria.

La disposición transitoria para la reclasificación de participaciones entre IIC deja muchas cuestiones en el aire.

De nuevo una disposición transitoria crea incertidumbre en la industria de las instituciones de inversión colectiva (IIC). Es la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.

Esta disposición establece que las reclasificaciones de las participaciones o acciones entre IIC, o entre sus compartimentos, clases o series, realizadas entre el 3 de enero de 2018 y el 17 de abril de 2019 (fin de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del real decreto ley citado), cuyo único objeto sea que el inversor deje de soportar incentivos, podrán realizarse automáticamente sin necesidad de su consentimiento. Además, estas reclasificaciones no generarán rentas para el partícipe o accionista a efectos del IRPF, del IS y del Impuesto sobre la Renta de no residentes, y las nuevas participaciones o acciones asignadas conservarán el valor y la fecha de adquisición que tuvieran aquellas a las que sustituyen.

MiFID II establecía la prohibición total de recibir incentivos en dos servicios: la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento independiente. Por eso, muchas entidades, para cumplir con MiFID II en enero de 2018, ya acometieron este proceso de reclasificación durante 2017.

Las entidades pedían entonces alguna disposición transitoria para que esta «limpia» pudiera hacerse sin consentimiento del cliente y sin coste fiscal. INVERCO lo solicitó varias veces y solo vio atendida su petición a finales de 2018, con el Real Decreto Ley 27/2018.

Hasta la publicación de esta norma —casi un año después de la fecha en que las carteras ya tenían que estar «limpias»— la posición de la CNMV era clara: no cabía aplicar transitoria alguna y al 3 de enero de 2018 quedaban prohibidos los incentivos en las carteras gestionadas. Es más, a la pregunta 3.7 de su documento de Q&A sobre este asunto contesta: «La CNMV considera que los gestores de cartera no podrán seguir recibiendo y reteniendo incentivos de terceros por posiciones que provengan de operaciones realizadas con anterioridad al 3 de enero de 2018. En relación con esta cuestión conviene señalar que no existe en MIFID II ninguna cláusula transitoria a este respecto».

Por ello, la disposición transitoria que comentamos genera varias dudas:

La primera es qué ocurre con las entidades que reclasificaron antes del periodo fijado en la disposición para cumplir fielmente con MiFID II. Si la disposición permite que se beneficien las que lo hicieran entre el 3 de enero de 2018 y el 17 de abril de 2019, ¿qué ocurre con las que siguieron las indicaciones de la CNMV y reclasificaron diligentemente en 2017, que la disposición ha olvidado?

La segunda es si se aplica solo a las reclasificaciones en el marco de los servicios de gestión de carteras y asesoramiento independiente o también de otros como el asesoramiento no independiente o la recepción y transmisión de órdenes. La CNMV ha consultado a Tributos y habrá que esperar la respuesta de este organismo.

La tercera es que la aplicación retroactiva de la transitoria plantea problemas operativos. Las reclasificaciones no generan efectos fiscales para los partícipes o accionistas personas físicas, pero sí para las jurídicas y para los no residentes. No está claro cómo proceder cuando se aplicó la retención procedente en su momento al partícipe y cómo se rastrean esas operaciones y si hay que solicitar la rectificación de la declaración de retenciones, o si el inversor recupera el pago a cuenta en su declaración anual del impuesto.

La cuarta y última es el alcance de la transitoria: ¿busca que se «limpien» de incentivos las carteras gestionadas y asesoradas de forma independiente, o va más allá? Entendemos que esta medida pretende facilitar que las entidades reclasifiquen IIC para que se «limpien de incentivos» los servicios en los que estos están prohibidos desde enero de 2018, y no persigue buscar IIC similares (o con vocación inversora equivalente o similar) más baratas o con menor comisión de gestión. Sin perjuicio de que no sea su finalidad, sí se podría voluntariamente realizar esta actividad al amparo de la transitoria.

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Número 12
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