La que se avecina…
para las SICAV

La que se avecina…
para las SICAV

Por Luis Miguel Bravo, Socio, Cuatrecasas  |  Fotografía: Istock

Cabe esperar que tras las elecciones generales se vuelva a retomar el anteproyecto en materia fiscal del anterior gobierno, por lo que resulta interesante hacer un repaso del mismo.

A mediados de febrero, el Congreso de los Diputados rechazó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Ello provocó la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales, fruto de las cuales la iniciativa de gobierno recaerá casi con seguridad en las mismas personas que entonces vieron fallida su propuesta.

En consecuencia, resulta aconsejable hacer una revisión de lo que aquel proyecto contenía en materia fiscal y, en especial, de una medida controvertida: la recuperación para la administración tributaria de la competencia de comprobación del cumplimiento del requisito del número mínimo de accionistas (100) que la normativa reguladora exige a las SICAV españolas (artículo 9.4 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva).

Llueve sobre mojado, porque esta medida implica la revancha de un partido que la administración tributaria perdió de forma inesperada. Durante el año 2004, una actuación coordinada por parte de la inspección devino en más de 300 liquidaciones a SICAVs, por considerar probado que, aun cuando formalmente se pudiera cumplir con el número de socios exigido, su calidad era muy dudosa al tratarse de empleados de la propia entidad gestora y familiares suyos, que no habían abonado el importe de la acción y que tampoco actuaban como verdaderos socios de la entidad. En los informes ampliatorios se contenían declaraciones de ex-empleados que ponían de manifiesto algunas irregularidades y prácticas que llevaban a la administración a considerar que la condición de muchos socios era una simulación, pues se trataba de que

“Es previsible que la administración tributaria quiera estrenar sus competencias llamando a revisión a las SICAV”

La consecuencia del incumplimiento regulatorio suponía la exigencia de una tributación en el Impuesto sobre Sociedades al tipo general (por entonces del 35%), frente al 1% aplicado por las SICAV. Vino a salvar la situación in extremis la disposición adicional tercera de la Ley 23/2005 de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, que aclaró que la competencia para comprobar el cumplimiento del requisito del número de accionistas correspondía exclusivamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo que las actuaciones inspectoras devinieron nulas.

Pues bien, de entrar en vigor la norma ahora propuesta, volveríamos al inicio de esta historia, con todo lo que ello supone. Es previsible que la administración tributaria quiera estrenar sus competencias llamando a revisión a las SICAV. Si ha mejorado o no la calidad de su accionariado es algo que habrá que valorar caso por caso, pero ya les anticipo que después de todos estos años no resulta esperable una actitud laxa por parte de la inspección, con lo que ya podrán imaginar el final de la historia.

Aun cuando la última palabra la tendrán los tribunales de justicia, creemos necesario insistir en una reflexión crítica sobre la medida propuesta: la Ley General Tributaria ya dota a la administración de herramientas suficientes para atacar los supuestos de fraude o simulación. Es totalmente legítimo y deseable que la administración tributaria actúe contra esas situaciones. Pero siempre dentro de unos límites que garanticen la seguridad jurídica, en este caso de los inversores, máxime donde existe un requisito objetivo para aplicar el régimen especial, como es el del número de accionistas. Tratándose de vehículos regulados y transparentes, como es el caso de nuestras SICAV, este tipo de medidas adicionales de control ni son necesarias, ni ayudan a mantener la competitividad de nuestra industria local. Ya sabemos las consecuencias de la inseguridad jurídica: ahuyenta a los agentes económicos y con ello lastran a la industria local con una carga insoportable. Para colmo, en el segmento de mercado de las SICAV existe una competencia externa feroz y muy eficaz, que ha sabido modular mucho sus precios y que parece resultar inmune a la acción del legislador nacional.

Todo ello nos lleva concluir la necesidad de revisar profundamente la propuesta desde una óptica más realista y acorde con el entorno europeo, donde precisamente se facilita la inversión en este tipo de sociedades por su transparencia y control. El resto es tratar de ponerle puertas al campo.

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Número 12
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